La incertidumbre política rara vez se traslada a la economía con un golpe brusco. Lo normal es que se canalice a través de pequeños cambios inapreciables en el corto plazo y que solo son visibles en comparación con los territorios vecinos. Es lo que ha pasado con Cataluña desde el año 2017, cuando el proceso independentista introdujo una elevada incertidumbre económica. Durante las semanas de mayor tensión social, muchas empresas optaron por sacar su sede de Cataluña, un movimiento que generó muchos titulares, pero que no tuvo incidencia alguna sobre la actividad. Lo que sí se ha producido desde entonces es una ralentización notable del crecimiento del PIB per cápita catalán en un periodo en que el resto de España ha seguido acelerando.
