El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha archivado la causa penal que abrió a raíz de una denuncia del PSOE a la que luego se unió el Gobierno municipal de Manuela Carmena. La querella ponderaba la posible ilegalidad de la venta de dieciocho promociones de vivienda pública de la EMVS, que fueron transferidas al fondo de inversión Fidere.
El pasado mes de diciembre, el Tribunal de Cuentas condenó a la exalcaldesa Ana Botella y a su entonces equipo de Gobierno a pagar 22,7 millones de euros por esta misma operación, entendiendo que hubo un menoscabo a los fondos públicos de 25,7 millones de euros provocado por esta operación.
Por Diego Sanchez de la Cruz