Los únicos beneficiarios del nuevo impuesto hipotecario no serán los clientes de los bancos, tal y como ha anunciado el Gobierno, sino las haciendas autonómicas, ya que ingresarán más dinero que antes a través del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). La ley previa establecía numerosas deducciones y bonificaciones al pago de este tributo para determinados colectivos, desde familias numerosas y dependientes a personas mayores o rentas bajas, pero ahora, dado que es la banca la que, en teoría, tendrá que sufragar este impuesto, estas ventajas desaparecen.
Como resultado, los ingresos de las CCAA crecerán tras este cambio legal. Los hipotecados, sin embargo, seguirán pagando el tributo, ya que los bancos acabarán repercutiendo a sus clientes esta nueva carga, ya sea mediante comisiones o mayores tipos de interés.