El pasado diciembre, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau puso en marcha el pasado el denominado ‘DNI de vecindad’, un documento concedido a inmigrantes en situación irregular para evitar que sean expulsados. En los dos primeros meses los datos ofrecidos reflejan más 1.500 carnets repartidos entre los solicitantes.
Los requisitos para conseguir el DNI son mínimos: ser mayor de edad, residente en España los últimos doce meses y empadronados en Barcelona durante seis meses.
Desde que el Ayuntamiento liderado por Colau presentó la medida, los documentos se convirtieron en polémica sobre todo porque, como criticó el PP, “carecen de validez jurídica”.
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