La llamada Gürtel Roja empezó como una investigación relativamente modesta, referida solamente a la presunta «caja B» del PSOE-PSPV en el Ayuntamiento de Benidorm. Sin embargo, los agentes de la policía tiraron de la manta y encontraron estructuras similares en la agrupación socialista de Valencia capital, así como una red de presuntas facturas falsas que salpicaría también a Bloc-Compromís.
En el centro de la operativa aparece la agencia Crespo Gomar SL, una mercantil dedicada a la comunicación y el marketing que, según la UDEF, habría asumido gastos de campaña que después habrían sido sufragados no por el PSOE-PSPV, sino por los contribuyentes, mediante contratos y adjudicaciones concedidos a terceras empresas que, de acuerdo con la policía se prestaban a esta triangulación a cambio de comisiones.
Pero la cosa no acaba aquí. Como explica el juzgado de investigación número 21 de Valencia en un auto con fecha 19 de enero de 2018, en el transcurso de la investigación se ha podido comprobar que Crespo Gomar SL ha sido adjudicataria de distintos contratos concedidos por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Para ser precisos, han sido objeto de pericia dos adjudicaciones: una de 2008, otorgada por el ministerio de Sanidad a cambio de 184.138,40 euros, y otra de 2009, concedida por el ministerio de Vivienda a razón de 126.208,00 euros.
Diego Sánchez de la Cruz