Un informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía reconoce que «el mantenimiento durante tanto tiempo de una conducta irregular» en la Dirección General de Trabajo, el departamento que concedía las ayudas del caso ERE, «sólo era posible acudiendo a personal de confianza», procedente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Con funcionarios no habría sido posible mantener este sistema porque el personal de Función Pública está protegido por «las prerrogativas» que otorga la Ley «para, precisamente, evitarles represalias en caso de que se nieguen a infringir el ordenamiento jurídico», admite el informe jurídico.
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Antonio R. Vega