El Tribunal Supremo defiende que investigar las compras que realizaron las autoridades durante la pandemia serviría para esclarecer “si hubo favorecimientos propio o de terceros”. Lo dice en su auto de casi cien folios en el que rechaza abrir una causa penal contra los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, pero remite todas las querellas recibidas contra el Ejecutivo a los juzgados ordinarios para que indaguen, en este caso, si hubo un delito de malversación de caudales públicos.
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