El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha comenzado el bloqueo de las cuentas corrientes de los altos cargos de la Generalidad a los que se imputa el cargo de malversación por la organización del referéndum ilegal del 1-O. Se trata de diecisiete de los treinta procesados a los que la juez reclama 5,8 millones de euros que se corresponden con importes destinados a la consulta según las diligencias llevadas a cabo en ese juzgado.