La solución puesta en la mesa por Torra: el traspaso del control de los jueces de vigilancia penitenciaria. Ellos son los que determinarán en última instancia la dureza o suavidad de la estancia en la cárcel, la permanencia o salida de los presos, durante el cumplimiento de su condena. Y si estos jueces pasan a manos de la Generalitat, no haría falta un indulto por parte del Gobierno de Sánchez, sino que bastaría con aplicar una medida de gracia ya en territorio catalán.