El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha criticado que el Gobierno pague 544.982 euros a un bufete de abogados en Bélgica para la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por la demanda civil presentada contra él en aquel país por los independentistas fugados de España.
«Se le mete una querella por bocazas y ahora pide amparo al poder político, eso es un problema. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido ceder ante un chantaje del sector más conservador que vulnera la independencia judicial», ha sentenciado, olvidando que las revelaciones de los últimos días demostraban que la querella a Llarena se basa en una traducción trucada de los abogados de Puigdemont, para hacer decir al magistrado lo que no dijo nunca. Las ‘fake news’ que tanto les gustan a los progres.
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