El Gobierno ultraizquierdista balear pondrá en marcha en los próximos meses la Oficina de Derechos Lingüísticos, que esencialmente atenderá casos de presunta discriminación en materia lingüística que hayan afectado a ciudadanos que se expresan en catalán. En estos momentos, se está tramitando ya el proyecto de decreto que permitirá crear dicho organismo público a finales de este año o a principios del próximo, es decir, en la actual legislatura autonómica.