La Manada se ha convertido en un caso de presión mediática y política contra la independencia judicial y la realidad de los hechos. Antonio Miguel Guerrero no pretendió quebrantar la medida cautelar de entregar el pasaporte sino precisamente intentar cumplirla, toda vez que lo tenía caducado y solicitó información a la Comisaría de Policía Nacional sobre su situación. La Sala Segunda de la Audiencia Nacional dictamina que siga en libertad provisional. También desestima los recursos de súplica de la Fiscalía y las diferentes acusaciones contra el auto en el que se decretaba esa libertad provisional para todos los miembros, con fianza de 6.000 euros, entrega del pasaporte y obligación de firmar en el Juzgado los lunes, miércoles y viernes.
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