Los promotores inmobiliarios de pisos nuevos o de grandes rehabilitaciones que compren suelo en Barcelona tendrán que reservar el 30% a vivienda social. La propuesta, impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, ha causado revuelo por el impacto que puede tener en el sector. Los expertos anticipan el frenazo de proyectos de obra nueva y en consecuencia, un aumento de los precios de vivienda. Pese a que aún no está aprobada -necesita la votación formal de la Comisión de Ecología y Urbanismo para que entre en vigor después del verano-, Fernando Encinar, responsable de Estudios del portal inmobiliario idealista anticipa que “no parece descabellado pensar que muchos promotores retrasarán su decisión de iniciar nuevos proyectos un tiempo, hasta al menos las próximas elecciones municipales”, que se celebran en 2019. La Ciudad Condal perderá algunos atributos en detrimento de otros municipios cercanos, ya que esta iniciativa sólo afecta a los barrios de la ciudad, pero no a toda la provincia. “Lo más probable es que trasladen su interés a otros municipios del cinturón metropolitano en las que son mejor recibidos”.