El pasado año, Libre Mercado adelantó que el Índice de Competitividad Regional que elabora la Comisión Europea había situado a Andalucía como la región más corrupta de Europa. Este demoledor informe es coherente con los casi 90 casos de corrupción que registraba dicho territorio antes incluso del estallido del caso de los EREs irregulares, cuyo impacto para los contribuyentes ha sido estimado en 740 millones de euros por la Fiscalía.
El cenagal de corrupción en el que se ha convertido Andalucía tiene un único responsable directo: el Partido Socialista Obrero Español. A lo largo de las últimas décadas, una comunidad autónoma que lo tiene todo para ser rica se ha convertido en un pozo de irregularidades que, para colmo, se coloca de forma recurrente como farolillo rojo en los indicadores de empleo y dinamismo económico.
Por eso llama la atención que Pedro Sánchez pretenda enmascarar con argumentos éticos su moción de censura contra Mariano Rajoy empleando como excusa la sentencia de la Gürtel. No en vano, este mismo trimestre hemos conocido que la Justicia está investigando distintas adjudicaciones del gobierno de Zapatero que habrían servido como punto de partida para una trama de financiación irregular del PSOE valenciano.
Diego Sánchez de la Cruz