El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein es quien debe decidir si, finalmente, entrega a Carles Puigdemont para que pueda ser juzgado en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, en relación con la causa que se sigue por todo lo relacionado con el «procés», que acabó con la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña. La decisión se ha retrasado hasta finales de junio.

En un principio, los magistrados han rechazado la pretensión de la Justicia española, pero ésta ha encontrado un fiel aliado en la Fiscalía alemana, la cual sostiene con firmeza en el recurso que existen motivos más que justificados para considerar los hechos imputados a Puigdemont como un delito de alta traición recogido por el Código Penal germano, o, subsidiariamente, de un delito de quebrantamiento de la paz, que igualmente justificaría la entrega de Puigdemont por los hechos de los que está acusado. Por ello, concluye que «la extradición por rebelión no es a priori inadmisible», al a vez que deja claro que no se trata de ninguna «persecución política» contra el expresidente catalán: «Un estado democrático de Derecho tiene derecho a hacer frente a los ataques a su existencia también mediante el Derecho Penal».

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F.Velasco